El movimiento sindical venezolano en la época de la mundialización: la transición del “punto fijismo” al “bolivarianismo”

Francisco Iturraspe

Cuando hablamos de transición, nos referimos a un proceso de cambios y transformaciones, en el de caso de Venezuela, los movimientos sindicales han tenido que enfrentar grandes cambios en lo últimos años, producto de dos periodos históricos ocasionados por los movimientos políticos. Uno el llamado pacto de Punto Fijo o Puntofijismo, acuerdo político entre los partidos AD, COPEI y URD después de la caída de Marcos Pérez Jiménez a comienzos de 1958, y que terminó convirtiéndose en un sistema bipartidista dominado por las dos primeras organizaciones políticas hasta que comienza su descomposición en los ‘90 y culmina en 1999, y el que podemos designar provisoriamente como “bolivariano” o “chavista”, que se instaura con el triunfo electoral del “Polo Patriótico” y con la sanción de la nueva Constitución. En la primera étapa se constituyó como un sindicalismo “partidizado”, sindicalismo “neocorporativo”; pero en la segunda se reemplazó por un sindicalismo “patriótico” u “oficialista”.
En la década de los ochenta, el movimiento sindical sufre un fuerte retroceso por la política del presidente Herrera Campins y con la intervención del Banco de los Trabajadores de Venezuela (BTV).
Dentro de las cúpulas sindicales se producen reacciones políticas y éticas, como durante la presidencia de la CTV por el veterano sindicalista petrolero Juan José Delpino, pero la brecha de credibilidad entre los trabajadores y la institución sindical se profundiza. Los cambios tecnológicos comienzan también a aumentar la obsolescencia del modelo y la estructura sindical. La dependencia del estado en cuanto a recursos financieros y presencia política se acentúa.
La década de los noventas, políticamente comienza, en realidad, en febrero del año anterior con el “Caracazo”.
El financiamiento de los sindicatos, los locales sindicales, etc., provienen del presupuesto público. La Ley Orgánica del Trabajo adopta esa tendencia neocorporativa: los fondos sindicales serán fiscalizados, en última instancia, por la Contraloría General de la República según el parágrafo segundo del artículo 442, como si fueran fondos públicos.
Como parte del proceso de acelerado deterioro del estado, los organismos financieros internacionales financiaron la “reforma” de la seguridad social interviniendo “neocolonialmente” junto con la participación descarada de los “expertos” de grupos financieros y, en especial, de compañías de seguros que imponían sus criterios sobre las propuestas de los equipos gubernamentales.
En el movimiento sindical aparecen reacciones tardías pero positivas, como por ejemplo la eliminación de las cláusulas de “enganche” en la industria petrolera y de los “grupos de opinión” sindical que proponen desde dentro y fuera de la CTV las elecciones por la base.
Los sindicatos se convierten -según todas las encuestas de opinión en la institución más desprestigiada del sistema.
La debacle del sistema bipartidista trae como consecuencia la desarticulación de los partidos tradicionales y las elecciones presidenciales del ‘98, y el triunfo del que representa la opción más radical frente al sistema, tanto que había intentado derribarlo por las armas. Desde antes de la campaña electoral el actual presidente enfiló sus baterías contra “las cúpulas podridas” del sindicalismo.
Pero el conjunto del movimiento sindical, desde su inicio, y a diferencia de otras experiencias más tempranas de otros países con influencia anarquista, tuvo una fuerte vinculación con las ideas y las organizaciones marxistas, nacional-reformistas que devinieron en socialdemócratas o cristianas, pero en general con un fuerte contenido estatista, dentro del esquema del estado de bienestar de postguerra primero y del esquema neocorporativo después.
Los mecanismos político-constitucionales y las leyes laborales institucionalizan a los sindicatos, los hacen formar parte del juego político y económico (sea para asociarlos a determinados proyectos de desarrollo que implican la ampliación del mercado interno y la participación, por ejemplo, o para minimizarlos o quitarles poder si se imponen ajustes que requieran un redimensionamiento del estado y del mercado) y los convierten en un mecanismo permanente e institucional de control de los trabajadores, llevando a la conflictividad social por canales y marcos regulados.
Esta institucionalización puede llevar a muchos sindicatos a compartir áreas importantes de poder, a disponer de estructuras y medios financieros y -en ocasiones- a integrarse formal o informalmente al aparato del estado.